En línea con lo expresado anteriormente, y en el marco de la crisis desatada por la intromisión del caudillo Hugo Chávez, el Gobierno Peruano solicitará hoy al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) que actúe conforme a su marco normativo y emita una declaración de principios sobre el proceso electoral peruano y llame al orden al díscolo presidente venezolano.La posición del Gobierno, y del presidente Toledo en particular, es plenamente atendible y justificada. Ningún Estado que se precie de tal puede aceptar tan grosero, absurdo y recurrente chantaje por parte de un mandatario de otro Estado, que se lanza a insultar a algunos candidatos y apoyar a otros como si el Perú fuera su provincia o satélite, lo que parece ser su deseo ya no tan oculto. Es también correcto que el presidente Toledo continúe guardando las formas y no caiga en las pachotadas de su colega venezolano.Aparte de cuestiones de política interna y de soberanía asisten a nuestro país argumentos estrictamente legales que ameritan una intervención más firme de la OEA. Las torpes declaraciones de Chávez, que interfieren con el proceso electoral peruano, son una clara violación a la Carta Democrática Americana -- que la OEA se ha comprometido a respetar y hacer cumplir--, que estatuye que la defensa de la democracia "requiere además una labor permanente y creativa dirigida a consolidarla, así como un esfuerzo permanente para prevenir y anticipar las causas mismas de los problemas que afectan el sistema democrático de gobierno".Luego, según el art. 3 de la carta constitutiva de la OEA: "Todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema político, económico y social, y a organizarse en la forma que más le convenga, y tiene el deber de no intervenir en los asuntos de otro Estado". Contra ello conspira Chávez.La solicitud peruana es, pues, justificada. Por lo mismo, las declaraciones previas del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza --en las que expresó su preocupación por el incremento de la tensión en las relaciones bilaterales de varios Estados miembros--, deben verse solo como un anticipo de lo que debe ser una posición institucional corporativa, coherente y sólida.Mucho se ha criticado a la OEA en el pasado por su ecléctica y a veces cómoda y burocrática posición ante muchas situaciones graves que afectaban la viabilidad democrática de algunos países. Es mucha también la esperanza que se tiene de un manejo más efectivo del señor Insulza. Es tiempo, ahora con su nueva gestión, de que la OEA recupere su prestigio y su razón de ser, para pasar de lo simplemente formal y protocolar a la adopción de medidas concretas y efectivas que evidencien no solo el respeto por la plena soberanía democrática de los países americanos miembros, sino también por sus propias normas.