Después de escuchar las denuncias por falta de atención especializada para los comuneros cusqueños de Alto Huancané y Huisa, contaminados con 10 metales pesados desde el año 2010, y conocer la detención de tres campesinos, además de la denuncia penal contra el abogado Juan Carlos Ruiz y el médico Fernando Osores, el comisionado Enrique Gil solicitó al representante del Estado peruano, Luis Huerta, que no se criminalice la protesta ni se penalice a los que defienden a las víctimas.En igual sentido se pronunció la comisionada Esmeralda Arosemena. "Hay que dar a las comunidades, a través de sus representantes, un ambiente de acercamiento y no una actitud de criminalización porque eso rompe los espacios de acercamiento", recomendó.