A pesar del resurgimiento de nuevas protestas de poblaciones que se ubican en torno al proyecto cuprífero Las Bambas, en Apurímac, las que marcharon a Lima exigiendo la nulidad de anteriores acuerdos con comunidades de la zona, así como la realización de una consulta previa, el Gobierno parece que esta vez no dará su brazo a torcer.En sesión de la Comisión de Pueblos Andinos del Congreso, dirigentes de las comunidades reclamaron por los bajos precios a los que habrían vendido sus tierras a los dueños del proyecto minero, quienes, según indican, habrían convencido a los propietarios de venderles los predios a S/ 0.30 por metro cuadrado, por lo que pedían nulidad de contratos. Al respecto,el viceministro de Minas, Guillermo Shinno -presente en la misma comisión- señaló que si los que protestan exigen la nulidad de contratos, la forma de hacerlo es por la vía judicial. En todo caso, dijo tener entendido que en el proceso de adquisición de predios en el área donde se desarrolla el proyecto, se respetó la Ley de Comunidades Campesinas, en el sentido de que la tierra es propiedad de la comunidad, y no tiene dueño individual.
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