El proyecto de ley que regula la responsabilidad autónoma de personas jurídicas en delitos de corrupción podría ser aprobado en el pleno del Congreso los próximos días. Con ello, se busca incluir a las empresas en la sanción del "cohecho activo internacional", es decir, del soborno a un funcionario público en el extranjero.De aprobarse, el Perú podrá volverse miembro pleno del Grupo de Trabajo Antisoborno de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Este es un paso previo para la inclusión plena en el club de economías desarrolladas. José Luis Medina, asesor de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), señala que uno de los principales reparos que presentó la Confederación Nacional de Instituciones Privadas (Confiep) sobre el proyecto de ley fue la falta de confianza del gremio sobre la institucionalidad y transparencia de las entidades que aplicarían el proceso sancionador (el Ministerio de Justicia, el Poder Judicial y el Ministerio Público). Frente a esto, Karin Fernández, asociada senior del área penal del estudio Muñiz, afirma que esta falta de institucionalidad no es motivo suficiente para impedir la aplicación de este proceso sancionador.