La Comisión de Justicia del Congreso aprobó el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo que regula las sanciones a las empresas privadas cuyos representantes incurran en delitos de corrupción y que era uno de los requisitos para el ingreso de Perú a uno de los grupos de Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). De acuerdo a la propuesta, las empresas son responsables por los delitos cometidos en su nombre, por cuenta de ellas y en su beneficio directo o indirecto, por sus administradores de hecho o derecho, representantes legales, contractuales y órganos colegiados, o personal subalterno, siempre que actúen en el ejercicio de las funciones propias de su cargo.