En marzo se discutirá en el Congreso el proyecto de ley que regula la responsabilidad autónoma de las personas jurídicas en delitos de corrupción. Dicho proyecto establece los criterios para definir la atribución de la responsabilidad de la empresa, las medidas y sanciones aplicables, los agravantes, las multas, entre otros. En este marco se propone el mecanismo sancionador para el sector privado frente a delitos como la colusión, peculado, tráfico de influencias, corrupción activa y aprovechamiento indebido del cargo. Sin embargo, también brinda un mecanismo que los exonera de esta responsabilidad: si la empresa contaba con un modelo de prevención implementado previo al delito, no será responsable del mismo. El modelo, a grandes rasgos, consistiría en tener un área de auditoría interna debidamente implementada, un documento que identifique claramente el modelo, así como los procesos que podrían ser vulnerables a la corrupción y finalmente que el modelo sea conocido por el personal de la organización.