El dirigente metalúrgico Luis Castillo Carlos dio a conocer que la Junta de Acreedores de la empresa de La Oroya no contempla el gran peligro que significaría abandonar a tres mil trabajadores mineros y un pueblo de diez mil habitantes. Y ese riesgo se definiría la última semana de enero por decisión de los ministerios de Minas y de Medio Ambiente.La paralización indefinida del Complejo Metalúrgico de La Oroya, por decisión de la empresa americana Doe Run Perú, que no ha cumplido el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental, deja un gravísimo precedente para inducir la insurgencia social, con consecuencias funestas para la Sierra Central del Perú. Los ministerios del Ambiente y de Energía y Minas, han anunciado que el Estado optará por la liquidación ordinaria de la planta metalúrgica de La Oroya.Dicha decisión, según el vocero oficial del gremio metalúrgico de trabajadores, tendrá efectos graves en la vida de La Oroya, con el despido de 2.400 trabajadores, de los cuales 1.800 son del Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO) y los restantes de la mina cuprífera de Cobriza. .