El contrabando de combustibles en nuestra frontera norte está bastante fuera de control. Tanto como para que vehículos policiales sean incendiados por los contrabandistas, y como para que algunos pobladores cómplices de esos delincuentes asalten la Aduana. O como para que el Poder Judicial, en un increíble abuso de la discrecionalidad inherente a toda decisión procesal penal, acoja constantemente las denuncias de los traficantes contra los trabajadores de la Sunat.Ciertamente la pobreza existente en el país no es excusa para estas actitudes. Aun en la pobreza, el hombre tiene obligaciones éticas para consigo mismo y para con sus semejantes. Por otra parte, si algo genera el contrabando es más desempleo, perjuicios a la competencia formal --que sí tiene que pagar impuestos-- y al Estado que deja de percibir tributos.Tampoco son justificación los costos de la formalidad. Si ello se aceptase tendríamos el más vicioso de los círculos: cuanto más ilegales se tolerase, menos formales habría, y cuanto menos formales, más tendría que cobrarles el Estado y, por consiguiente, subirían más los costos de la formalidad.Estos contrabandistas son generadores de retraso. Además se permiten vandalismos. Frente a personas así, solo cabe una solución. El orden requiere de sus fuerzas. Vamos a ver, entonces, si nuestro Estado asume finalmente su función frente a estos desvergonzados delincuentes.