Una iniciativa del Congreso plantea dar, en adelante, carácter vinculante a la opinión de los gobiernos regionales sobre las solicitudes de prórroga para el cumplimiento de los programas de adecuación y manejo ambiental (PAMA) presentados por las empresas mineras.El proyecto fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Ambiente y Ecología del Congreso el 30 de marzo y necesita ser refrendado por la Comisión de Energía y Minas para ser elevado al pleno del Legislativo. En particular, se plantea modificar el Decreto Supremo 046-2004-EM, según el cual el Ministerio de Energía y Minas (MEM) decide las ampliaciones de los PAMA sobre la base de los análisis de riesgo de salud y las opiniones de la Dirección de Minería y de la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa).En este punto, la iniciativa propone que los gobiernos regionales también opinen sobre la prórroga, dándole a este comentario carácter vinculante. ¿En qué se basa el pedido? Según la autora del proyecto, Elvira de la Puente, "las poblaciones y sus gobiernos son los que conocen los problemas ambientales que podrían surgir al darse la ampliación de los plazos para los PAMA".