El día antes de ser retirado de la presidencia no ejecutiva de Minera IRL Ltd., Jaime Pinto soltó una bomba que pone bajo sospecha el sistema por el cual las empresas mineras obtienen sus autorizaciones ambientales.Pinto hizo pública una denuncia penal ampliatoria que presentó ante la Cuarta Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima, según la cual funcionarios de Minera IRL S.A. (subsidiaria peruana de Minera IRL Ltd.), pagaron unos US$11,5 millones en sobornos a funcionarios del Ministerio de Energía y Minas, entre el 2013 y el 2014.El texto de la denuncia dice lo siguiente: "La información proporcionada desde dentro de nuestra subsidiaria es evidente y contundente: funcionarios de MIRLSA (IRL S.A.) han venido realizando sobornos a funcionarios públicos del Ministerio de Energía y Minas.Todos estos sobornos a funcionarios públicos eran aprobados por [Diego] Benavides Norlander [presidente de las subsidiarias locales de Minera IRL Ltd.] y ejecutados por Oswaldo Sánchez, quien ejerce el cargo de consultor de la Administración General. En otros casos, la modalidad era la entrega de costosos regalos a ciertos funcionarios claves. Todo ello configura el despliegue de actos sistemáticos de corrupción de funcionarios".