Un análisis de los conflictos sociales registrados por la Defensoría del Pueblo entre enero del 2011 y diciembre de 2014 revela que 153 de un total de 539 controversias, es decir el 28,36%, guarda relación con el manejo de los recursos hídricos. La Oficina de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros solo intervino en 29 casos. La mayor cantidad de conflictos sociales vinculados al agua se ubica en Áncash (20) y Lima (13); le siguen Cajamarca, Cusco y Puno (12), Loreto (11), Apurímac, Ayacucho y Junín (8). El estudio determina que estas regiones son también las que tienen mayor número de pasivos ambientales mineros. El adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, Rolando Luque Mogrovejo, explicó que la causa principal de esta problemática es el temor a la supuesta afectación a la calidad del recurso.
- [El Comercio,Pág. A 10] /