Se hicieron los mudos. El alcalde provincial de Islay, Richard Ale Cruz, y el alcalde distrital de Cocachacra, Helar Valencia Juárez, asistieron ayer a su cita en la Fiscalía de Crimen Organizado. No obstante, se negaron a responder sobre el caso de los "pepeaudios".Hace seis meses, la Fiscalía recibió hasta cinco grabaciones telefónicas que evidencian un intento de negociaciones entre Pepe Julio Gutiérrez (entonces dirigente del valle de Tambo) y la empresa minera Southern Peru, a fin de ponerle fin a las protestas de los agricultores contra el proyecto Tía María a cambio de 1.5 millones de dólares.Con estas pruebas se abrió una investigación contra los alcaldes y dirigentes de la provincia de Islay, pues la Fiscalía considera que todos forman parte de una asociación ilícita para delinquir.Los llamados "pepeaudios" fueron determinantes en la audiencia contra Pepe Julio Gutiérrez, quien recibió prisión preventiva por nueve meses. Mientras tanto, el Ministerio Público le pisa los talones a los otros imputados.