Ganada la batalla en el terreno político por los grupos antimineros a través de las movilizaciones y algaradas, como sucedió en Tía María hace poco (Arequipa), en Conga antes (Cajamarca), o en Majaz-Tambogrande en 2005 (Piura), ahora estos movimientos, al constatar que la violencia es cada vez más repudiada, están optando por reforzar sus equipos legales y técnicos, siempre con el objetivo de impedir que se concreten nuevos proyectos y revisar los antiguos."Con tal meta, por ejemplo, pretenden hacer cumplir -en forma retroactiva- la legislación peruana para la aplicación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) al que se adhirió el Perú el 2 de febrero de 1994", según el jurista Fausto Salinas Lovón, experto en temas del sector minero y columnista del portal Lampadia.Siendo el Estado peruano signatario de dicho convenio, sin embargo, para su aplicación, el Gobierno del presidente Ollanta Humala rubricó la Ley de Consulta Previa N° 29785 en septiembre de 2011, entrando en vigencia en abril de 2012, y fue el primero de la región en ejecutar este tratado supranacional, sin reserva alguna, como lo había hecho antes, también sin reservas, con la competencia contenciosa de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en enero de 1981.Según el citado experto, los abogados y técnicos de los ambientalistas buscan traerse abajo el marco institucional de la inversión minero energética que rige en el país, en la idea de que, habiendo sido ratificado por el Perú en 1994 el Convenio 169, desde ese momento tendría rango de ley constitucional, por lo que todos los permisos aprobados con posterioridad, incluido concesiones, no tendrían validez o habría que reformularlos de raíz porque incumplieron con la consulta previa que ordena la OIT.