En agosto pasado, el Gobierno dio a conocer su interés de que las comunidades cercanas a los yacimientos mineros sean socias de las empresas. Inclusive, convocó a una reunión a los CEO de las principales firmas del sector.Sin embargo, la idea no prosperó, y si bien se llevó a cabo la reunión, el planteamiento quedó encarpetado.No obstante, hay voces en el Poder Ejecutivo que han resucitado la propuesta y se encontrarían elaborando un proyecto de ley para establecer una participación accionaria en el caso de los nuevos proyectos, según revelaron a Gestión fuentes del sector.Mencionaron que los encargados estarían evaluando que el porcentaje de participación sea de entre 15% y 20%, que se contempla distribuirlo de la siguiente manera: un 5% para las comunidades campesinas ubicadas en la zona de influencia, otro 5% se transferiría a un fideicomiso, que sería manejado por el gobierno regional donde se ubique el proyecto para el desarrollo de infraestructura.El resto de la participación, entre 5% y 10%, se estudia ofrecerlo bajo el esquema de accionariado difundido, a la población en general de la región donde se realice la inversión del nuevo proyecto.Cuando se presentó la primera vez, la titular del MEM, Rosa María Ortiz, señaló que antes de plantear una norma de esa naturaleza se buscaría generar un consenso.Según las fuentes consultadas por Gestión, ya hay avances en el proyecto de ley, pero aún no habría sido debatido en el Consejo de Ministros. La intención de algunos miembros del Ejecutivo es enviar luego la iniciativa al Congreso.
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