En líneas generales, el proceso electoral desarrollado por el JNE y la ONPE cumplió con las metas previstas. La Misión de Observadores de la OEA ha reconocido incluso que las elecciones fueron limpias y transparentes, aunque ha criticado las opiniones vertidas por algunos candidatos en pleno desarrollo de los comicios.Asimismo, Transparencia ha cuestionado la fusión a última hora de algunas mesas de sufragio dentro y fuera del país, donde miles de peruanos se quedaron sin votar. No obstante, también ha expresado su reconocimiento al JNE y la ONPE por la conducción del proceso.Lo que preocupa, sin embargo, son los vacíos que exhibe el Poder Electoral y que señalan la urgencia de una reforma constitucional que ponga fin a la falta de coordinación, a la duplicación de funciones y otros problemas que han saltado a la vista en estos comicios.Un ejemplo es la realización de la segunda vuelta electoral, prevista inicialmente para el 7 de mayo y que ahora, según se ha anunciado, se postergaría para la primera semana de junio. Esto daría muy poco tiempo a la nueva administración para prepararse a tomar las riendas del Gobierno.Es claro que según la Ley Orgánica de Elecciones, el balotaje debe efectuarse "dentro de los 30 días siguientes a la proclamación de los cómputos oficiales, entre los dos candidatos que obtuvieron la votación más alta". Como ha anunciado la ONPE, los resultados oficiales se conocerán en unas tres semanas (30 de abril), de manera que la segunda vuelta sería un mes después, el 4 de junio. ¿Pero es necesario tomar 30 días? Se ha justificado que lo mismo pasó en las elecciones del 2001, que el JNE necesita tiempo para resolver, a través de los jurados electorales especiales, las tachas e impugnaciones que se presenten, y que la ONPE también requiere convocar, organizar y realizar la segunda vuelta. ¿No obstante, quién asume la incertidumbre política, mientras los organismos electorales cumplen con tan engorrosos trámites?Una salida es que el JNE se declare en sesión permanente para acelerar la resolución de las tachas e impugnaciones. Pero a mediano plazo, la realidad ha demostrado que el problema de fondo es otro: la tricefalia que existe en el sistema electoral y que, como sucede hoy, puede poner en jaque la seguridad política del país.