La Cámara de Comercio Lima, la Confiep y la Sociedad Nacional de lndustrias se pronunciaron en contra de la derogatoria del Decreto Legislativo 1198, que permitía al Ministerio de Cultura autorizar a empresas públicas y privadas la administración hasta por un periodo de diez años de inmuebles considerados patrimonio cultural de nuestro país. En esencia, el decreto -que fue anulado el pasado 22 de octubre, un mes después de su publicación por parte del Ejecutivo- permitía a la empresa interesada poner en valor, estudiar, conservar y proteger sitios arqueológicos, Ios cuales seguían siendo propiedad del Estado sin perder su condición de intangible, inalienable e imprescriptible."En ningún caso el Decreto Legislativo 1198 implicaba una privatización o concesión del patrimonio cultural, ya que la norma no modificaba en ningún aspecto la propiedad del Estado sobre Ios monumentos arqueológicos", subrayaron los gremios.