Entrevista a Eduardo Vega Luna, defensor del Pueblo.Los conflictos sociales si bien han disminuido ahora parecen tener una mejor organización.Por once años consecutivos estamos emitiendo el reporte mensual de conflictividad. En el último año, las cifras se han mantenido más o menos estables. En la suma y resta la conflictividad se ha mantenido entre 210 y 213.¿En este Gobierno han disminuido? El anterior terminó en cerca de 234 conflictos, luego hubo el descenso y ahora el mantenimiento.¿Por qué no han seguido aminorando?La disminución tendría tres elementos claves: la oficina de conflictos sociales se extendió mucho más y pudo armar oficinas en zonas donde la conflictividad era mayor. Se actuó más preventivamente y, en tercer lugar, se fueron afinando los mecanismos de diálogo, pero hemos notado que en los últimos meses eso ha ido decayendo. Es necesario retomar la actividad preventiva. ¿Se ha dejado de lado el diálogo?Las comunidades campesinas saben que cuando el diálogo es sincero, fructífero, efectivamente van a poder resolver sus problemas, pero cuando muchas veces sienten que solo es una forma de ganar tiempo se deslegitima.En el caso de Tía María se ha visto que personas ajenas a Islay han ido a protestar.Se han visto situaciones que demuestran que hay una cierta articulación de algunas personas. Pero esa articulación no deslegitima la demanda concreta de lo que ha significado Tía María.¿Pero no hace que varíe la situación?Hay antecedentes de un comportamiento determinado de la empresa. El hecho de que una institución independiente como la Unops haya encontrado 138 observaciones, llevó a que se diera marcha atrás y se hiciera un segundo EIA.Pero eso no ha bastado.El tema ya es social, el Estado no ha intervenido con todas sus herramientas para poder decir aquí también hay una agenda de desarrollo social. Todos esos factores hacen en este momento que el proyecto, en mi opinión, sea inviable socialmente hablando.
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