Durante los últimos cuatro años, Miguel Hilario Escobar se dedicó a la constitución de su partido Progresando Perú, que está a punto de recibir su inscripción. El primer shipibo-conibo en graduarse en Stanford y Oxford quiere ser presidente y propone desde el saque la inclusión económica de amazónicos, quechuas y aimaras."Ya está bueno. Estas personas no tienen corona, no son ciudadanos de primera clase. 400 mil nativos no pueden decirnos a 28 millones de peruanos: tú no tienes derecho de venir por aquí". Así se refirió el ex presidente Alan García sobre las protestas en Bagua. ¿Qué opinión tiene?El Estado peruano ha invisibilizado, marginado y excluido a los hermanos de la Amazonía y a los quechuas y aimaras por años. Por eso, no me sorprende que un presidente se exprese de esa manera tan lamentable de peruanos, que son iguales a ti a o mí o a Alan García […] Estamos comprometidos en crear una democracia donde el crecimiento sea también para los nativos. Los nativos no solo deben ser contratados y consultados, ellos pueden ser accionistas de una inversión minera o de hidrocarburos que se realicen en sus territorios.¿En qué consiste esta iniciativa para que las comunidades nativas sean accionistas?Ha llegado la hora de que a los pueblos originarios no solo se les consulte, ha llegado la hora de que sean incluidos en la inversión. Esta no es una propuesta vacía, porque ya hay otras experiencias en Estados Unidos y en Canadá. Cuando exista una inversión privada en su territorio, los nativos deben ser parte de ella. Esto va a empoderar a los inversionistas, que ya no tendrá preocupaciones por las protestas. Vamos a aplicar lo que señala Michael Porter, un valor compartir, que permita ganar y ganar.Para que una persona sea accionista de una empresa debe invertir. ¿Cuál es la inversión de los pueblos originarios? Su concepto de inversión es la clásica, nosotros estamos trayendo una propuesta inclusiva, donde las comunidades, que han vivido miles de años en un territorio, sean reconocidas. Esta iniciativa va a permitir la reducción masiva de los conflictos sociales. Hay US$21.000 millones de proyectos mineros estancados por la tramitología y los conflictos. Este modelo va a permitir la reactivación de estos proyectos.