Un informe que sobre el caso Las Bambas ha publicado la ONG CooperAcción precisa que los problemas surgidos entre la población y este proyecto minero hacen evidentes los límites de la institucionalidad del Estado para establecer condiciones de convivencia pacífica en las zonas mineras.El trabajo anota que parte de este problema es la institucionalidad ambiental que se manifiesta en las más de cinco modificaciones que ha sufrido el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto desde que fue aprobado en marzo del año 2011. Estas modificaciones se ejecutaron sin que las operaciones mineras se hayan puesto en marcha.Además señala que el procedimiento de aprobación del Informe Técnico Sustentatorio de dichos cambios fue inadecuadamente aplicado al caso.En el informe se recomienda canalizar las demandas de la población mediante vías democráticas y brindar información sobre los cambios operados y la forma en que se mitigarán los impactos.(Edición domingo).