El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no solo prestó US$75 millones a Transportadora de Gas del Perú (TGP) para contribuir al desarrollo del proyecto Camisea, sino también US$5 millones al Gobierno peruano, a través del préstamo Nº 1441/OC-PE, para la creación de un programa que fortalezca las actividades del gobierno vinculadas a los aspectos ambientales y sociales relacionados con el proyecto Camisea. Sin embargo, el impacto ambiental y social se ha producido y de manera negativa. María Elena Foronda, presidenta de la Sociedad Nacional del Ambiente, demanda al gobierno informar qué pasó con los recursos del préstamo suscrito en diciembre del 2002. "Ninguno de los peruanos sabe qué se hizo con ese dinero porque supuestamente iba a servir para fiscalizar las acciones con el fin de evitar que se produjeran roturas, derrames o impactos sociales y ambientales", subrayó.