Pese a que el Congreso acaba de enterrar el Decreto Ley 20530, que regulaba la cédula viva, el uso y abuso que se ha hecho de dicha norma sigue oliendo mal.Más aun con el reciente destape que acaba de hacer la Contraloría General de la República a través de la Oficina de Control Interno (OCI) de Petro-Perú: 270 pensionistas de la firma estatal, que se rige con el sistema de la empresa privada, se beneficiaron indebidamente con el cobro conjunto de S/. 147'328.440,80 de la llamada cédula viva reservada a los empleados del régimen estatal, entre 1988 y el 31 de diciembre del 2003, período que comprendió la investigación que conoció El Comercio.El escandaloso caso deberá ser encarado por el presidente del directorio de Petro-Perú, Alejandro Narváez, a quien corresponde nombrar una comisión evaluadora y disponer las sanciones administrativas contra quienes resulten responsables. Las penas a imponer pueden ir desde la suspensión sin goce de haber hasta la inmediata separación del cargo.Los responsables serían directivos de las áreas de Recursos Humanos, Relaciones Industriales y Asesoría Legal que ejercieron dichos cargos durante el período de investigación. Para ello, Narváez deberá identificarlos y sancionarlos de modo que demuestre que en verdad quiere limpiar dicha empresa. Estos directivos aprobaron la incorporación de los 270 jubilados a la cédula viva a pesar de que conocían que las disposiciones legales no eran aplicables. Aun así, durante este año los 270 jubilados continuaron cobrando pensiones que van desde los S/.3.000 a los S/.16.000 mensuales.
- [El Comercio,Pág. A 6] /
- [Correo,Pág. 8] /