La libertad de la que hasta ahora gozaban las empresas de presentar a las entidades estatales iniciativas privadas de inversión y de canalizar sus proyectos a través de ProInversión para su puesta en marcha habría llegado a su fin.La reciente aprobación del Decreto Legislativo 1224, que -dado al amparo de facultades delegadas- modifica la Ley Marco de Asociaciones Público-Privadas (APP), ha generado malestar en el sector empresarial.Así se pueden resumir las conclusiones a las que arribó la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), luego de analizar los alcances del citado decreto con el apoyo de los estudios de abogados Echecopar, Grau y Garrigues.El último año, con la normativa hasta entonces vigente, se abrió lo que se denominó una ventana de oportunidades para que el Gobierno recibiera iniciativas privadas, tanto cofinanciadas (IPC) -es decir que necesitan garantías por parte del Estado- como autosostenibles (IP), que podían autofinanciarse.
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