Un conjunto de decisiones equívocas de la empresa y la debilidad del Estado, especialmente del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), se han agregado para producir los recientes hechos de violencia alrededor del proyecto minero Las Bambas, poniendo en riesgo uno de los emprendimientos más importantes para el país y para la economía del sur peruano.Las Bambas había sido considerado el emblema de los proyectos mineros en el que concurrían el diálogo, la responsabilidad social empresarial y la apertura de la comunidad. En junio pasado, la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS) de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) anunció que las operaciones del proyecto se iniciarían en enero del 2016.Las relaciones entre el gobierno y las comunidades fueron provechosas. En febrero se dio inicio al diálogo con 33 comunidades de la zona de influencia del proyecto, en el distrito Challhuahuacho, en la provincia de Cotabambas (Apurímac). Las demandas de las comunidades fueron tratadas en tres mesas de diálogo: infraestructura productiva y social, agricultura, minería y ambiente; y la cuarta, la de responsabilidad social, que implicaba un diálogo directo entre la comunidad y la empresa, era la única que faltaba culminar sus trabajos.Hasta ese momento había dado sus frutos el esfuerzo del gobierno a través del trabajo directo de los viceministros y el punto más controversial era la demanda de las comunidades para que la empresa MMG Limited, subsidiaria de China Minmetals, cumpla con los acuerdos asumidos por su antecesora, Xstrata Glencore, es decir, que cese la contaminación del río Challhuahuacho y un aporte del 10% de las utilidades para un fondo social. Este proceso se ha visto alterado. Como lo ha señalado La República, la comunidad rechaza la modificación, según ellos inconsulta y por segunda vez, del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), la presentación de actas manipuladas de talleres realizados y el desconocimiento de la empresa de los compromisos asumidos por Glencore Xstrata. La población también pide la demolición y retiro de las plantas de Molibdeno y de Filtros y del Almacén de Concentrados que no estaban considerados en la propuesta inicial, y altamente contaminantes.La respuesta de la empresa y de los funcionarios del MINEM, en el sentido de que dichos cambios al EIA eran menores, que la paralización de esta semana fue sorpresiva y el traslado de la responsabilidad a los comuneros, no contribuye a generar un clima de recuperación de la confianza. También es cierto que se ha advertido la presencia de ciudadanos de otras zonas cuyos intereses no son similares a los que expresan los habitantes de la zona en conflicto.Todas las partes tienen una obligación en la solución del conflicto. El déficit de diálogo debe ser resuelto y debe cesar toda estrategia errónea de relacionamiento social y las actitudes provocadoras de quienes demandan diálogo con una lógica violentista. Es preciso aquilatar las lecciones anteriores. Es urgente recuperar la confianza porque el Perú necesita de ese proyecto y que este opere con las garantías del caso y la confianza de la población.