Manuel Romero Caro, exdecano del Colegio de Economistas y fundador en 1990 de Gestión, diario especializado en economía y negocios, explica a los lectores de diario UNO las limitaciones de los proyectos energéticos del gobierno, sin que pasen por el Sistema de Inversión Pública (SNIP), con sobrevaluaciones e inclusive sin previo estudio del mercado.Tomando como un referente a Odebrechet, en el Gasoducto Sur Peruano, considera que el Estado le debe una explicación sobre el por qué se otorgó el mayor proyecto de inversión hasta la fecha, sin efectuar un estudio de mercado, sobre todo si de eso depende el monto del subsidio que todos los consumidores eléctricos hemos empezado a aportar.¿Ya se pueden evaluar los avances del GSP. Hace quince meses que el gobierno otorgo la buena pro del GSP?El consorcio Camisea otorgaría una parte del gas que necesita el GSP, pero para el resto no hay seguridad. Porque el Gobierno no puede obligar a usar ese gasoducto. Sobre el aporte de los consumidores, nadie sabe cuánto será ni por cuántos años. Esto dependerá de la demanda que logre el GSP.El Gobierno otorgó la concesión sin tener un estudio de mercado, y en los 15 meses después de la firma, tampoco se ve que el Gobierno esté haciendo un esfuerzo por concretar los contratos a firme.Pero es Electro Perú (ELP) la entidad que garantizará (con el dinero de los consumidores) que el ducto tenga una carga de 500 millones de pies cúbicos (mmpcd).¿Cómo se explica esa aseveración?El contrato de concesión obliga a que la empresa estatal aporte diariamente la diferencia entre la meta establecida (500 millones de pies cúbicos día- mmpcd) y la demanda de transporte. Por ejemplo, si solo se transportaran 400 mmpcd, ELP tendría que aportar 100mmpc, los que serían cargados a todos los consumidores de energía eléctrica.El contrato establece que el subsidio termina cuando la demanda supera la meta por tres años consecutivos, o 3 veces en un período de 5 años. En otras palabras el Gobierno garantiza la rentabilidad del GSP con la tuya y con la mía.