El Poder Ejecutivo publicó ayer la nueva ley de asociaciones público-privadas (APP), a propósito de las facultades legislativas delegadas. Los especialistas coinciden en que, en líneas generales, la norma ayudará a la viabilización de las inversiones de este tipo. Pero hay aspectos que generan incertidumbre. Está pendiente que el Gobierno publique el reglamento que detallará la implementación de la norma. El plazo para hacerlo es de 60 días calendario. Una de las principales modificaciones es en relación a la ejecución de las obras. Ahora el contrato de concesión será suficiente para hacer valer los derechos que en este se establecen frente a otras entidades públicas. Así, se señala que estas darán prioridad a los proyectos a desarrollarse bajo APP respecto a trámites para obtención de licencias, autorizaciones y permisos requeridos para el inicio o continuación de obras. Esto es positivo, ya que un problema común con los proyectos de APP era que los contratos eran firmados, pero los permisos de ejecución de obras -otorgados por otras entidades públicas- no eran otorgados, por lo que las obras no podía ejecutarse, indica Luis Miguel Yrrivaren, fundador de Yrrivaren Abogados.(Edición sábado).
- [El Comercio,Pág. 7 Portafolio] /