Manuel Romero Caro, economista. A pesar de que han transcurrido 15 meses desde que se otorgara la buena pro del Gasoducto Sur Peruano (GSP), no sabemos qué reservas de gas se transportarán; cual será el mercado del gas; a cuántos miles de millones de dólares ascenderá el subsidio de los consumidores ni por cuántos años tendremos que subsidiar. Aunque los consumidores peruanos subsidiarán la viabilidad del mayor proyecto de inversión hasta la fecha y que la magnitud de dichos subsidios dependerá de la demanda que tenga el GSP, el Gobierno otorgó la concesión del ducto al sur sin contar con un estudio de mercado. Con relación a este tema, es importante recordar que el GSP tiene un mecanismo de ingresos garantizados al operador del gasoducto, mediante el cual una vez que se inicie la operación del ducto al sur, Electroperú (ELP) garantizará que el ducto tenga una carga de 500 millones de pies cúbicos día (mmpcd). Por lo que si el tubo no tuviera una demanda que alcance dicha cifra, la diferencia la tendrá que pagar ELP, y dicho monto es el que tendremos que asumir diariamente todos los consumidores eléctricos por el tiempo que tome llegar hasta los 500 mmpcd. El contrato establece que solo si la demanda supera dicha meta por tres años consecutivos, o tres años alternados en un periodo de cinco, el subsidio de los consumidores dejará de cobrarse. Es así que Osinergmin, a partir de mayo del 2015, y a través de cargos en las tarifas eléctricas, ya ha empezado a cobrar dicho aporte. Sin demanda. El problema es que, a diferencia del caso del gasoducto de Camisea, en el que el subsidio duró menos de cinco años, en el caso del GSP esto tomaría mucho más tiempo. En este sentido, hay que tener en cuenta que en el caso del ducto de Camisea, que atiende la demanda de Lima y alrededores, transcurrieron aproximadamente 10 años para llegar a los 500 mmpcd, pero fue en un periodo de bonanza económica, de demanda creciente. Sin embargo, según declaraciones de Jorge Barata (director ejecutivo de Odebrecht Latinvest), "es muy probable que nunca se use la garantía de la red principal del gobierno", asegurando que el gasoducto al sur se concluiría en diciembre del 2017 (“"y en diciembre del 2016 tendremos listo el tramo B y el tramo I") (1). Pero todo indica que para dichas fechas la economía no se habría recuperado, o al menos no crecería al ritmo que estuvo vigente durante el periodo en el que los consumidores pagamos el subsidio a Camisea. Por lo que al ser menor el ritmo de crecimiento de la demanda, se requeriría un mayor número de años para llegar a la meta de 500 mmpcd. Para tener una idea de las diferencias entre Lima y las regiones del sur, solo mencionaremos que, de acuerdo a las cifras del INEI, al 2014 el PBI de Lima superaba en 6 veces el de Arequipa, Moquegua y Tacna juntos. Y en consumo de energía eléctrica Lima consumía el triple que las tres regiones mencionadas. Lo que sucede es que a raíz de la crisis internacional y de la caída de los precios de las materias primas, y el consecuente retraso (o cancelación) de importantes proyectos de inversión, en nuestro país la oferta está superando largamente a la demanda eléctrica, con la natural caída en los precios, al extremo que los precios spot están en US$ 10 por megavatio-hora. Sin estudio de mercado. Lo que no se entiende es por qué se otorgó la concesión de un proyecto tan importante sin contar con un estudio de mercado. Lo único que ProInversión desarrolló al respecto fue una invitación pública, por medio de un comunicado, en el que se informaba a todos los interesados sobre la ejecución del GSP a fin de que pudiesen manifestar "su expresión de interés y calificar como consumidores iniciales". Dicho aviso se publicó en los diarios El Comercio, Gestión y 4 diarios regionales (!). Como se trataba de una "expresión de interés" que no era contractual y que no conllevaba ninguna penalidad si no se concretaba, naturalmente se recibieron inscripciones por un equivalente de 850 millones de pies cúbicos (Nodo Energético, la Central Térmica de Quillabamba, Enersur, Generalima, Southern Perú, Aceros Arequipa, Cementos Yura, Industrias Cachimayo, etc.) que no garantizan nada. Ese fue todo el "esfuerzo marketero" del Gobierno, a pesar de que el monto del subsidio de los consumidores depende fundamentalmente de los contratos a firme que se puedan suscribir. Esta situación ha llegado al extremo de que el gerente general del GSP ha manifestado que hasta la fecha no ha visto un grupo del Gobierno (ni en Electroperú, el MEM o en ProInversión) que esté dedicado a lograr el contrato de suministro de gas natural que asegure clientes para el gasoducto al sur. ¿Es que nadie se preocupa por defender los intereses de los consumidores? En entrevistas otorgadas a diversos medios de comunicación, cuando se les ha preguntado sobre el mercado del GSP, diversos directivos de Odebrecht han manifestado que los 500 mmpcd estarán asegurados; porque con el nodo energético, la central térmica de Quillabamba y la reserva fría de Enersur suman en conjunto 500 mmpcd, dando a entender que no habría problema. Sin embargo, eso sería cierto solo si esas unidades funcionaran a plena carga y si tuvieran demanda suficiente, lo cual no sería el caso. Inclusive el gran demandante de energía, que era el publicitado complejo petroquímico, está congelado. La exportación de electricidad. Otro gran demandante de energía, que de concretarse ciertamente cubriría los 500 mmpcd, sería la exportación de electricidad. En este sentido, el país más probable sería Chile, ya que Ecuador tiene excedentes e inclusive exportaría a nuestro país; Bolivia también tiene excedentes y con Brasil no hay interconexión. En lo que a nuestro vecino del sur, la exportación enfrentaría varios problemas: en primer lugar la interconexión de 400 kilómetros de línea de alta tensión, entre Tacna y la subestación Crucero, en Atacama, todavía está en pañales. Y esto dependerá de la decisión política de quien asuma el poder el próximo año. Porque ya sabemos cómo reaccionan los gobiernos de turno ante las movilizaciones sociales; y este es un tema que, sin duda, enfrentará resistencias. En tercer lugar, aun cuando se superaran los dos problemas anteriores, existe el inconveniente de que la electricidad que se vendería a Chile, sería energía "interrumpible". Mientras lo que demandarían las empresas chilenas son contratos a firme y a mediano o largo plazo. Y el Gobierno difícilmente autorizaría este tipo de contratos, porque si en el futuro se dinamizara la demanda y no se pudiera abastecer al mercado doméstico porque se autorizaron exportaciones a Chile, sería un costo político muy difícil de asumir. Asimismo, la concesión del GSP es un tema que la ministra Rosa María Ortiz debe conocer muy bien, porque ella integraba el Comité de ProInversión que fuera sustituido por el Comité dirigido por el cuestionado Edgard Ramírez, que fue el que otorgó la buena pro.
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