Dos hechos producidos en los últimos días nos llevan a condenar la violencia e intimidación de quienes pretenden, en algunos casos, boicotear y, en otros, ensombrecer las próximas elecciones generales.Es intolerable, por ejemplo, que nuevamente rezagos senderistas y sus aliados narcotraficantes pretendan sembrar el terror en las poblaciones del interior del país, intimidándolas y obligándolas a no votar el 9 de abril entrante. A una semana de los comicios, los narcoterroristas buscaron no solo atemorizar, saquear y asaltar en algún camino aislado a pobladores de diversas localidades de San Martín y Huánuco, sino que además los despojaron de sus documentos de identidad, impidiéndoles sufragar.El Gobierno, a través de las fuerzas del orden, debe ofrecer garantías principalmente a la zona del Huallaga para impedir el amedrentamiento y la violencia de esta banda de delincuentes. No se puede permitir que estos grupos, que nunca han respetado los derechos humanos, impidan que los ciudadanos elijan democráticamente a quienes dirigirán los rumbos de nuestro país.Pero así como repudiamos estos delitos, es igualmente necesario rechazar la violencia de los seguidores de Ollanta Humala que, como se ha denunciado, han incurrido en frecuentes ataques verbales y físicos contra cuanto candidato y elector se les puso en camino. Hace unos días se enfrentaron de manera vehemente y enardecida a apristas en Chimbote, deformando los alcances de la natural confrontación que suele primar en toda campaña electoral y que en esta ha adquirido ribetes de extrema polarización.Cuidado: la democracia es respeto incluso de las posturas más opuestas. Por tanto, en esta semana de cierre de campañas y cuando varios mítines se realizarán el mismo día, los candidatos deben dar muestras de tolerancia. Necesitamos que sancionen cualquier acción violenta, defiendan los espacios democráticos y devuelvan tranquilidad a la última etapa de la campaña electoral.