¿SOCIOS O BENEFICIARIOS?

El 4 de agosto, la ministra de Energía y Minas invitó a los CEO de las quince principales mineras del país a una reunión el 3 y 4 de setiembre, "para reflexionar en torno a la situación de conflictividad social por la que atraviesa" (…) "generando una cultura de valor compartido con las comunidades". "Nuestro objetivo es elaborar una propuesta de política sobre la minería".La agenda remitida por el Minem, tiene previsto que la ministra presente a las 11.30 horas:"Elaboración de acuerdo de cómo mejorar la Minería".11.50 horas: "Suscripción de la propuesta".12 horas: "Presentación de la propuesta al presidente de la República".Es muy aventurado pretender construir una política minera a pocos meses de que concluya el Gobierno; resulta audaz hacerlo en menos de 24 horas para definir un tema tan profundo . Esto solo refleja improvisación y ligereza para tratar un tema tan serio; es lo más cercano a un recurso populista de cara a las elecciones.Sin restarle derecho a la empresa que lo quiera hacer, consignar una participación accionaria de las comunidades en las mineras no es la mejor vía de participación de los pueblos en los beneficios de la minería, porque la constitución de una sociedad es un acto libre y no uno compulsivo. Podría ser una fuente de conflicto si es que la mayoría decidiera, por ejemplo, reinvertir utilidades y la comunidad se negara, aumentar o reducir capital, fusionar empresas, venderlas, etc. Sin duda generaría mucha desconfianza, máxime si el presidente hace muy pocos años se pronunciaba contra la minería. Lo mejor sería negociar una participación en las utilidades, en forma similar al exitoso aporte voluntario que acordamos en el 2006 y que tan buenos resultados aportó al entendimiento de los actores involucrados; en ese entonces se aportaba 3.75% de las utilidades después de impuestos, lo que representada US$ 500 millones anuales. Al inicio el presidente Humala dejó sin efecto el aporte voluntario y creó el Impuesto Especial a la Minería y el Gravamen Minero contribuyendo a reducir los ingresos del canon, reconcentrando los recursos y perjudicando a los gobiernos subnacionales. Pensaron que con estas medidas resolvían la conflictividad que ellos mismos atizaban, pero se equivocaron, como se van a volver a equivocar si insisten en esta propuesta, señala el excongresista Jorge del Castillo.