La concesión del Lote 192 podría ser parte de una herencia cuestionable del gobierno de Ollanta Humala si se consuman una serie de desatinos cuyo objetivo parece ser entregar a dedo por 30 años la explotación de esta importante reserva, impedir que Petroperú asuma las operaciones e incumplir tanto con la consulta previa como con la remediación de los pasivos ambientales.Como se sabe, en 12 días, el 29 de agosto, expira el contrato entre el Estado y la actual operadora Pluspetrol para la explotación del Lote 192 (ex 1.AB) situado en Andoas, Loreto, superpuesto a los territorios de 4 pueblos indígenas -Ashuar, Quechua, Cocoma y Urarinas- y área de influencia directa de 16 comunidades nativas. El lote es el principal centro de producción petrolera del país que concentra el 17% de estas operaciones con reservas probadas de 134 millones de barriles y un rango de producción promedio de 10 mil barriles por día.El cronograma anunciado en marzo pasado ha sido rebasado por los acontecimientos y por la falta de diligencia de los funcionarios gubernamentales. Inicialmente se presentaron tres postores, pero el concurso fue declarado desierto. En las últimas horas, Perupetro estaría negociando con una empresa más pequeña, Omega, de Colombia, luego de que fracasaran los tratos con la firma francesa Perenco. La clave son las regalías planteadas por el Estado, de 35% para el crudo liviano y de 25% para el pesado, que las empresas no aceptan en el contexto de la caída de los precios internacionales del petróleo.Contra el reloj se maneja al susto la hipótesis de que sin acuerdo, el Lote 192 cerraría perjudicando a miles de trabajadores. No obstante, documentadamente se ha demostrado que Petroperú está en condiciones de operar el lote debido a que el Estado es dueño de los activos y que los ingresos por el uso del oleoducto van a Petroperú, propietaria de este.El consenso al que se estaba arribando en los últimos días ha sido bloqueado por el MEF; el Presidente de la República, visiblemente desorientado, ha caído en el juego y una vez más está incumpliendo su compromiso de promover el regreso de Petroperú a la integración vertical. El Gobierno Regional de Loreto reclama que la petrolera estatal asuma el control del Lote 192 y miles de loretanos lo han exigido en las calles. Las comunidades nativas de las cuatro cuencas (Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón) exigen que un nuevo contrato implique la remediación de 40 años de daños ambientales y los Apus de esos pueblos se encuentran en Lima para participar en un acuerdo del que deberían ser parte por sus derechos ancestrales. No son ciudadanos de segunda como alguna vez fueron calificados desde el más alto nivel del gobierno pasado.El presidente Humala y no los funcionarios no elegidos y que no asumieron un compromiso por la soberanía energética tiene una responsabilidad crucial en un delicado asunto que trasciende el período de este gobierno. Hay derechos y aspiraciones en juego, y el Estado está en la obligación de ponderarlos y atenderlos.