Para este viernes 14 de agosto se tiene previsto una nueva reunión de la acreedores por los activos de Doe Run Peru (DRP), en la búsqueda de una solución para volver a operar el complejo metalúrgico de La Oroya (Junín). Fuentes del sector vinculada a los acreedores mineros dijeron a Gestión que la única medida que puede facilitarla puesta en marcha es que se bajen los estándares ambientales exigidos para la refinería. Sin embargo se comentó de fuertes divergencias entre el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio del Ambiente para resolver este impase, sobre todo después de que se aprobó el Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo (IGAC), y ante la negativa de los postores en participar de la subasta internacional. Ante ello, los acreedores mineros exigen que el Ministerio del Ambiente emita una ley con regimen especial que sirva como marco normativo para el desarrollo de la refinería. En la actualidad la exigencia ambiental de aire en La Oroya debe ser de 80 microgramos de dióxido de azufre por metro cúbico (80 ug SO2/m3), mientras queen Canadá el estándar es de 250 ug SO2/m3, y en Chile está entre 350-250 ug SO2/m3."Lo más importante no es cobrar las acreencias, sino reactivar el complejo. A La Oroya no lo compra nadie si esto no se corrige", comentó la fuente.
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