Tanto la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV) como la Asociación de Radio y Televisión (ARTP) han lanzado justificadamente su voz de alerta ante las amenazas, verbales y documentarias, del humalismo. Mientras el candidato presidencial lanza duras arengas contra los medios de comunicación y atiza la confrontación entre periodistas y propietarios, su programa de gobierno ensalza la confiscación velasquista y anuncia su voluntad de restaurarla, lo que es realmente ingrato para el sistema democrático.Claro que, como ha sucedido con otros temas (liberación de terroristas, fusilamiento de homosexuales, etc.), Humala ha negado posteriormente la posibilidad de intervenir los medios. Pero, de vuelta al estrado, retoma la confrontación, recuerda amenazadoramente las deudas de las empresas televisivas con el Estado e insiste en una inexistente campaña antihumala cuando los medios recogen desatinadas declaraciones de sus parientes o colaboradores más cercanos. Es decir, la vieja táctica de culpar a los medios por reproducir y criticar su discurso y las barbaridades de su entorno.Según la SNRTV, "no es la primera vez que en procesos electorales se plantea objetivos trasnochados para controlar los medios. Los peruanos ya experimentamos épocas negativas que condujeron a la expropiación... Nos ha costado tanto recuperar la democracia que no sería admisible que una tendencia totalitaria amenace nuestro ordenamiento democrático y constitucional".¿Se ve fantasmas donde no hay? No parece ser el caso. En la página 49 del plan de gobierno humalista se indica que el Estado "oligárquico, colonial, excluyente y centralista" que existía hasta la llegada de Velasco no llega a ser liquidado totalmente pues, según su interpretación, el segundo gobierno de Belaunde "restaura buena parte del aparato oligárquico de dominación ideológico-cultural (especialmente los medios de comunicación) y el sistema educativo". ¿Qué significa esto? Pues que hay en la doctrina humalista un evidente sesgo intolerante, interventor y controlista que está en total contradicción con el Estado de derecho, como apuntan los líderes democráticos. Para participar en una elección democrática no basta, pues, con la formalidad de tener un número de comités, inscribirse y eventualmente recibir el respaldo de una mayoría, sino que es condición sine qua non abrazar una doctrina democrática y un discurso y una acción consecuentes. De lo contrario, pudiéramos estar eligiendo a quien, desde el poder, podría socavar la democracia que lo encumbró. Hay que recordar a los líderes humalistas y a los ciudadanos electores que la libertad de expresión, de prensa y de opinión no es propiedad de los medios ni de los periodistas, sino de todos los ciudadanos. Ella se erige en condición fundamental para el régimen democrático, y cuando se la ataca y se le pone cortapisas eso, como efecto dominó, lleva al pisoteo del resto de libertades (políticas, sociales, culturales, etc.) y de los derechos humanos fundamentales. Cuando eso pasa estamos ante un régimen autoritario o dictatorial, que lo primero que hace es acallar las voces divergentes --el pluralismo-- y pretender controlar la prensa, como sucede ahora en la Venezuela chavista que tanto admira el candidato Humala.No hay pues medias tintas: O somos demócrátas y respetamos la libertad (primeramente la de expresión) dando evidencias firmes de ello; o estaríamos ante un proyecto autoritario, controlista y eventualmente confiscador, que tendríamos que rechazar y denunciar ahora, como hacemos en este editorial, y no después, cuando sea demasiado tarde e intenten ponernos la mordaza.