Las investigaciones tienen que determinar a los autores intelectuales y materiales de la tortura a un grupo de ciudadanos peruanos que, en las alturas de Ayabaca, en Piura, solo cumplían con su trabajo topográfico. En este conjunto humano también estaba la periodista Aleida Dávila Montes. Lamentablemente las evidencias delatan la presencia de ronderos y radicales antimineros en medio de este caso abusivo y fatal.Como se recuerda, y según los reportes policiales, el 20 de julio pasado fue encontrado un trabajador de la minera Río Blanco en el sector conocido como "la laguna del ocho del cerro Negro", quien manifestó que otras dos personas fallecieron como consecuencia de la inclemencia del tiempo, así como informó que vio por última vez a la referida periodista dos días antes, el 18 de julio, en la zona mencionada, evidenciando ella signos de deshidratación y cansancio además de poseer un poco de agua y galletas.¿Qué pasó realmente en todos esos días, habida cuenta que la empresa minera Río Blanco reportó que perdió comunicación con sus trabajadores desde el 11 de julio? Y si desde esa fecha un equipo de cien personas, incluyendo a personal policial y del Ejército, se encargó de buscarlos por aire y tierra, entonces ¿dónde estuvieron esas personas que no se las vio? Es verdad que el clima puede haber jugado una mala pasada a los topógrafos de la minera, pero ¿qué más se esconde en este caso, si se conoce que la prensa piurana informó que los ronderos de la zona impidieron el paso de los rescatistas de la Policía a Huancabamba cuando tenían la misión de buscarlos?Por si esto fuera poco, la periodista Aleida Dávila denunció dos meses antes de su extravío que había una actividad perversa por parte de algunos miembros de la minería ilegal en la zona y de supuestos radicales antimineros. Por tanto, es necesario un esclarecimiento completo de lo que ha sucedido en este caso y en particular se tiene determinar fehacientemente quiénes golpearon y torturaron a los trabajadores de la minera en el caserío de Portachuelos, lo cual no enerva que desde ya cuestionemos seriamente el proceder de algunas rondas campesinas que actúan en connivencia con la minería ilegal y la izquierda subversiva autoproclamada de "ecologista", pues con qué derecho se creen dueños del territorio peruano al punto de impedir el paso de la propia policía a determinados lugares.Ese tipo de abusos y excesos de esas rondas campesinas tiene que terminar, pues las facultades que tienen y las prerrogativas tradicionales sobre las cuales se organizan no son patente de corso para que hagan lo que quieran y menos para generar espacios de extraterritorialidad donde la ley peruana no vale nada. El Estado tiene que hacer valer el derecho y las entidades públicas deberán llegar al fondo de la verdad para castigar a los culpables de torturas y golpizas al personal de una minera formal.