La economía sigue desacelerándose, la inversión privada decrece, la inversión pública anda lenta y la confianza de los inversionistas decae, entre otras razones, porque el ruido político y el de las comisiones investigadoras afecta el clima de negocios.Existen unos 17,000 millones de dólares en proyectos de infraestructura en asociaciones público-privadas (APP) adjudicadas que aún no se inician, o se encuentran detenidos por años de trámites y permisología de adendas, por expropiaciones, liberación de interferencias, permisos ambientales y municipales que no concluyen. Según el IPE, hay más de 21,000 millones de dólares en proyectos mineros trabados por conflictos sociales y permisología. El país se da el lujo de tener 38,000 millones listos para empezar a invertirse. Una parte podría invertirse este mismo año. Desde que empiezan las obras en las APP de infraestructura y en la construcción de las minas, crece el empleo y la recaudación, es decir, su impacto sobre el crecimiento económico es inmediato. El país tendría un mayor potencial de crecimiento anual de la economía del orden de 2% por lo menos. El Estado necesita lograr resultados en el destrabe de proyectos, y las normas pueden ayudar si están bien enfocadas. Pero también pueden configurar barreras, como por ejemplo en el reglamento para promover la instalación de antenas de telefonía móvil, que en vez de autorizar licencias contra una declaración jurada del operador, establece un nuevo instrumento de gestión ambiental (IGA) que alargará innecesariamente un trámite elemental. Además, como el formato del IGA no ha sido aprobado, es imposible instalar nuevas antenas, por falta de un documento requerido por el reglamento que supuestamente serviría para facilitar su instalación. Por otro lado, es necesario promover la continuidad de las inversiones. Un plan de mediano plazo en infraestructura serviría para interesar a los inversionistas institucionales en el mundo y a las AFP en el Perú. Se necesita pensar a mediano y a largo plazo para cerrar las brechas, con obras necesarias que toman años de construcción. En generación de energía, por ejemplo, los países necesitan planificar necesidades e inversiones a largo plazo, hasta dos o tres décadas hacia adelante. La infraestructura para generar energía para la próxima década hay que empezar a construirla hoy. Como la demanda energética baja cuando la actividad económica decae, como ahora, resulta que con una demanda deprimida no se justificaría invertir en generación hidroeléctrica por el momento. Para desvincular la inversión necesaria a largo plazo, del estado de la demanda actual, se necesita una política de exportación de excedentes energéticos. Como bien señaló el presidente Humala recientemente, el país tiene suficiente potencial de generación como para pasar de una política de suficiencia energética a una de solvencia energética. Entre las facultades legislativas otorgadas al Ejecutivo, destaca la que señala la conveniencia de establecer protocolos con los países vecinos para contribuir a la conformación de un mercado regional de energía, donde Perú pueda exportar sus excedentes. Una buena iniciativa que por su sensatez debiera recibir un trato expeditivo, señlala el empresario Gonzalo Prialé.(Edición domingo).