Se ha informado que en el país existen actualmente 15 proyectos mineros paralizados por conflictos sociales y que estos implican 67 mil millones de dólares que no pudieron invertirse entre el 2008 y 2014. La relación de estos proyectos incluye Tía María, en Arequipa; Conga, Michiquillay y Galeno, en Cajamarca; Río Blanco y Tambo Grande, en Piura; Las Bambas y Los Chancas, en Apurímac, entre otros.Antes, en mayo del año pasado, las cifras presentadas fueron distintas. Se reveló que en los últimos doce años se han paralizado proyectos mineros por un total de 8 mil millones de dólares debido igualmente a los conflictos sociales. Otras cantidades difundidas en los meses recientes por los gremios empresariales y los centros de análisis económico muestran cifras divergentes.Lo cierto es que a pesar de que existe un acuerdo contable sobre los montos de la inversión minera, no se registra consenso sobre las pérdidas que ocasiona la paralización de los proyectos. Es frecuente la difusión de cifras gruesas, la mayoría con poco sustento, un elemento inherente a la solución de los conflictos sociales.El primer problema es la falta de la ponderación de las pérdidas; generalmente no se incluyen en ellas los efectos en el empleo, en la reducción de la pobreza y la incidencia en el mercado. La otra razón consiste en la agregación arbitraria de proyectos supuestamente paralizados, incluyendo en la lista a emprendimientos que no están en esa condición.Es el caso de Las Bambas. Este proyecto no debería tener la misma apreciación que Conga o Tía María, porque en este caso se advierte avances innegables. En junio, la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS) de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) anunció que las operaciones del proyecto minero Las Bambas (Apurímac) iniciarán sus actividades en enero del 2016 gracias al proceso de diálogo para la licencia social. Las demandas de las comunidades han sido tratadas en cuatro mesas de diálogo, y la última, que implica un diálogo directo entre la comunidad y la empresa, se encuentra en proceso.En relación a los conflictos sociales, es preciso desagregar en lugar de acumular, porque en ningún desafío social más que es este se requiere evitar generalizaciones. La operación de individualizar los casos ha tenido éxito; como informara en su momento la ONDS, entre los años 2012 y 2014, se resolvieron 89 conflictos, gran parte de ellos del sector minero, gracias al diálogo.Por otro lado, es cierto que el Estado necesita de una sola política frente a los conflictos sociales aunque la ejecución debe someterse a las particularidades de cada caso. No obstante, en ningún caso, como lo atestigua lo sucedido desde el año 2002, ningún proyecto de envergadura ha podido ser impuesto por la fuerza; al contrario, los casos de la ampliación de Cerro Verde, la ampliación de Toquepala, Tambomayo, Quellaveco y La Granja, entre otros, resumen una línea de reactivación de proyectos mineros en base al diálogo, al que deben contribuir, claro está, los arreglos institucionales para eliminar las trabas burocráticas que presenta el Estado.