Entre los factores que más aprecian los inversionistas foráneos al evaluar una posibilidad de inversión, la institucionalidad destaca como uno de los más importantes.Más allá de conceptos académicos, la institucionalidad se puede explicar en este contexto como la definición precisa de lo que hace cada institución, hasta dónde llega su responsabilidad y autoridad y la seguridad de que estará libre de influencias de terceros, que podrían dilatar y complicar los trámites y requisitos necesarios para tomar e implantar la decisión de inversión.Durante el período 2006-2011, Perú-Petro se consolidó como el único organismo del Estado responsable de promover y suscribir contratos de licencia en el subsector hidrocarburos en el Perú. El nombre de esta empresa llegó a ser conocido en el ámbito internacional, y su independencia del poder político o de otras instancias burocráticas le permitió captar inversiones para exploración y explotación en una cantidad nunca antes vista. Los cerca de 50 nuevos contratos firmados en el período mencionado dan muestra de su eficiencia. Su capacidad de convocatoria en los muchos ‘road shows’ desarrollados en el quinquenio permitió que las inversiones fluyeran hacia el Perú de manera importante.Sin embargo, en lo que va de este gobierno no se ha firmado ningún nuevo contrato de exploración.Solamente se ha podido encontrar un operador para dos lotes cuyos contratos habían llegado a término, y esto después de un largo y engorroso proceso. Las razones son varias, pero quisiera destacar una: el incómodo e imprevisible papel que viene desempeñando Petro-Perú en el contexto actual.Petro-Perú desde su creación, allá por 1970, actuaba en los campos de exploración y explotación de hidrocarburos, transporte, refinación y distribución, y concesión de nuevas áreas a inversionistas interesados. No es este el lugar para evaluar su actuación; lo cierto es que en 1994, luego de un azaroso proceso de privatización,las responsabilidades de la empresa en lo referente a contratación pasaron a ser atribución de un nuevo ente, llamado Perú-Petro -en un aparente alarde de falta de originalidad-, quedando Petro-Perú como una empresa más en el sector, bastante disminuida, por cierto. Tal vez de manera absurda, Petro-Perú perdió incluso sus campos de explotación, en virtud a una privatización poco meditada, orquestada por el Banco Mundial. La nostalgia puede ser mala consejera. En varios sectores políticos y técnicos quedó el deseo de reintegrar Petro-Perú y devolverle el auge perdido, bastante idealizado por cierto. Surgió entonces la idea de que Petro-Perú participara en todos los nuevos contratos de exploración con una participación de 25% en promedio, en lo que sería una sociedad forzosa y poco atractiva para el inversionista real. Así, se estableció su participación en los lotes III y IV, primero aceptada y luego rechazada por PetroPerú sin que Perú-Petro tuviera arte ni parte en el asunto, y hasta se le entregó un lote abandonado por su anterior operador, el 64, para que lo explotara comercialmente. En resumen, hoy día son por lo menos dos las entidades del Estado encargadas de la promoción de la actividad petrolera en el país,Petro-Perú y Perú-Petro. Si a la confusión de nombres se le añade la confusión de roles, se tiene un caso perfecto de una institucionalidad distorsionada, señala Daniel Saba, profesor e investigador de Centrum Católica.
- [El Comercio,Pág. B 9] /