Cuando la semana pasada estaba todo listo para conocer a los interesados en adquirir los activos de Doe Run Perú, los posibles postores solicitaron que antes esté aprobado el Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo (IGAC), lo cual haría que se reprograme el cronograma de la venta. En ese sentido, el Sindicato de Trabajadores de Cobriza denunció que esa maniobra podría tener como trasfondo una liquidación simple, que implicaría el despido de los trabajadores del complejo metalúrgico de La Oroya así como de los cerca de dos mil trabajadores de la mina Cobriza.Se pudo conocer que ayer el equipo técnico de Profit, administrador nombrado por la Junta de Acreedores, envió las 150 absoluciones del IGAC al Ministerio de Energía y Minas, el que tendrá que evaluarlo y aprobarlo antes del 7 de julio próximo.