La minera Doe Run Perú (DRP) ha venido captando la atención de la opinión pública por su controversial pedido para ampliar el plazo de su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) de La Oroya. Poco se ha difundido, sin embargo, otra solicitud que tiene en proceso y cuyas implicancias son muy importantes para su futuro: La modificación de su estudio de factibilidad.Para entender el tema debemos remontarnos a 1997, cuando DRP suscribe con el Estado Peruano un Contrato de Garantías y Medidas de Promoción a la Inversión (un convenio que garantiza a las empresas la estabilidad cambiaria, administrativa y tributaria por un lapso de tiempo). Este contrato estipula una serie de beneficios tributarios que deberían entrar en vigencia el primero de enero del 2007 y por un período de 15 años, siempre y cuando la empresa cumpliese al 31 de diciembre del 2006 con el plan de inversiones asumido en el estudio de factibilidad.