Si bien es cierto que las algaradas antimineras de Tía María son las principales responsables de haber puesto fuera de combate al proyecto cuprífero de Southern Copper Corporation, derrotando al Estado de derecho que el gobierno de Ollanta Humala no supo defender en los escenarios social y político, hay un aspecto técnico -el Estudio de Impacto Ambiental (EIA)- que parte de la opinión pública no ha seguido de cerca.Y es que se debe tener en cuenta que tres profesionales de prestigio, los economistas Jürgen Schuldt y Hernando de Soto, y el antropólogo José Matos Mar, han hecho serías observaciones, uno al EIA y los otros a las razones históricas y sociales del porqué hasta ahora es inviable la acariciada inversión de alrededor de 1,400 millones de dólares. Empecemos por lo último. Salvo posiciones extremas, que rechazan la minería per se, nadie en su sano juicio puede estar en contra de que por canon y regalías de Tía María la región Arequipa aumente sus ingresos en 270 millones de soles por año; la provincia de Islay en S/. 64 millones y el distrito de Cocachacra 34 millones. Esto además de los 7,000 mil puestos de trabajo a crearse en la mina. Pero el problema empieza y termina con el agua. Si bien inicialmente el proyecto, que viene desde el 2003, pretendía usar agua del río Tambo, eso ya no está en ninguno de los dos EIA, el primero presentado en 2009 y declarado inadmisible por las 138 "comentarios" del Ministerio de Energía y Minas, y el segundo del 2013. Se optaría entonces por utilizar agua de mar desalinizada.