La tarde del viernes 15 de mayo, el conflicto por Tía María movilizó a las autoridades máximas que debían pronunciarse en este escenario de crisis: el presidente Ollanta Humala dio un mensaje a la Nación de 12 minutos desde Palacio de Gobierno y el presidente de la corporación mexicana Southern Copper, Óscar González Rocha, anunció desde Estados Unidos una "pausa" de 60 días para "despejar todas las dudas existentes" sobre este conflicto que, en los últimos dos meses, registró tres muertos y decenas de heridos.Pero ninguno dio nuevas luces sobre el tema más controversial y postergado del conflicto: el Estudio de Impacto Ambiental, que fue aprobado en agosto de 2014 por el Ministerio de Energía y Minas (Minem), pues de su sólida elaboración depende evitar el potencial daño al medio ambiente y la vida de los pobladores de Islay, en la convulsionada Arequipa. Humala insistió en que el proyecto de Southern "cumple con todos los requisitos de ley", y minutos más tarde, en el pleno del Congreso de la República, el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, repitió el mismo discurso, asegurando que la empresa levantó las 138 recomendaciones que la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) elaboró en 2011 al primer estudio, a pedido del Minem.Con la ayuda de expertos, el equipo de periodistas de investigación Convoca contrastó esta versión oficial con puntos cruciales del expediente de 35 tomos del proceso de evaluación del nuevo EIA, y encontró detalles hasta ahora no revelados de Tía María, que se ponen sobre la mesa como un primer aporte para el debate en estos 60 días de "pausa" del proyecto.