Es muy grave la espiral de violencia en la que ha derivado el conflicto de Tía María. Pero, al menos, debe servirnos para plantearnos cambios. Comienzo con algunos.Estudio de impacto ambiental (EIA). ¿Es verdad o mentira que en este caso la agricultura del valle de Tambo puede coexistir con el proyecto minero de la Southern? No lo sé. Lo que ocurre es que una respuesta rigurosa depende de una serie de consideraciones técnicas, imposible hasta de entenderlas cuando se explican. De ahí la importancia de quién haga el EIA, porque está destinado a lograr casi un acto de fe. Hace poco, el ministro del Ambiente pidió: Créanme. Pero la tendencia es a no creerle al Estado ni a la empresa. Y razones hay. En este caso, por ejemplo, es inaudito que la Southern haya presentado un informe que mereció 136 observaciones de la Unops de Naciones Unidas, y que luego el Gobierno creyera que bastaba su palabra como garantía de que todo estaba saneado.Hay que retomar la idea de la necesidad de que el EIA provenga de entidades independientes, con capacidad tecnológica y trayectoria impecable. Las hay. Es por eso que el Gobierno debería contar con una lista de este tipo de entidades acreditadas, luego de pasar por el escrutinio oficial y de la opinión pública. En cada conflicto, se diría a quién se le encargaría el EIA, dándose un plazo para que se pueda señalar algún tipo de conflicto de intereses.Es más, ha llegado el momento de que se socialice cuál es el procedimiento desde que las empresas presentan una solicitud para implementar una actividad extractiva y los diferentes permisos. (¿Quién lo sabe y quién lo fiscaliza?). Debe evitarse la permisología, pero abarcar todas las etapas necesarias para que haya una evaluación rigurosa, así como la posibilidad de que la población esté informada, y pueda presentar sus propios datos y hasta interponer impugnaciones. Es lógico también que en esta parte se haga una evaluación del récord de la empresa. Los malos antecedentes de la Southern han sido fatales.Licencia social. Legalmente, no es obligatoria, pero ya está demostrado que si no la hay el proyecto se convierte en inviable. Algunos dicen que es una minoría la que se opone a Tía María, mientras que otros que es la gran mayoría. ¿Por qué entonces no instaurar que sea nuestro sistema electoral (Reniec, ONPE y JNE) el que se responsabilice de organizar un procedimiento encaminado a que la gente se exprese? Voto secreto, pero luego de haberse podido acceder a información confiable de todos.Derechos al uso de la fuerza por parte de la Policía y a la protesta. Respecto a lo primero, se ha evidenciado, una vez más, la falta de formación policial para responder a los conflictos sociales, la carencia de armamentos adecuados y la falta de condiciones laborales mínimas. Los policías vienen siendo también víctimas. Sobre lo segundo, es obvio que no abarca actos de violencia ni uso de armas que, aunque son de fabricación artesanal, pueden ser mortales (huaracas, por ejemplo); acá sí se justifica otro tipo de intervención policial y la sanción penal. Pero, ¿cuáles son concretamente los actos de protesta permitidos? Deben definirse, y sin desconocerse que toda protesta genera, por definición, perjuicios.Infiltración.Ahora estarían participando los reservistas y el Movadef. ¿Estamos permitiendo nuevamente que la subversión se aproveche de problemas reales?Todo esto cuesta y es tiempo, pero se justifica por los derechos e intereses fundamentales que están en juego, y por una razón elemental: lo de ahora no va más, señaló Ernesto de la Jara Basombrío, Director FundadorInstituto de Defensa Legal - IDL.
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