En medio de un clima de violencia que no cede, en torno al conflicto por el proyecto minero Tía María en Islay (Arequipa), se han sucedido algunas expresiones y hechos que conviene tomar en cuenta como rasgos de un nuevo contexto de esta dolorosa y cruenta controversia que en su etapa reciente lleva más de 50 días de paralización y desórdenes.La mayoría de estos registros apuntan a frenar el escalamiento de una tensa situación, luego de que este conflicto se convirtiera en regional a raíz del paro departamental de esta semana y se acumulara con otras demandas. Es saludable que en las últimas horas la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo (SNMPE) propusiera suspender el proyecto por cuatro meses para detener la violencia y abrir un espacio de diálogo. Aunque no se ha sabido de una posición oficial de la empresa, el Director de Asuntos Legales de Southern Perú Copper Corporation (SPCC), propietaria del proyecto, ha simpatizado con esta posibilidad.El temperamento empresarial gira en torno a un cambio de discurso que ojalá se hubiese estrenado a inicio del paro en Islay y reconoce que es preciso dar un espacio al diálogo para evitar que se siga escalando la violencia, que ningún proyecto se puede imponer por la fuerza y que Tía María ha dejado de ser un asunto técnico ambiental para convertirse en una crisis política que debe ser enfrentada como tal. En el gobierno se registran posturas igualmente interesantes. El ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, ha señalado que la policía no ha sido enviada a Arequipa para imponer por la fuerza un proyecto minero sino para poner orden. En tanto, la ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz, ha suspendido las conversaciones con la empresa Southern mientras esta no aclare su responsabilidad en relación con las denuncias de un presunto hecho delictivo que involucraría al dirigente José Julio Gutiérrez.Estos cambios al parecer no alcanzan al lado opositor del conflicto, cuyos líderes no han logrado subordinar a los sectores violentistas que atacan a la fuerza pública, especialmente el grupo de encapuchados autodenominados "espartambos", cuya actividad es claramente delictiva. Tampoco han deslindado con rigor con el dirigente Gutiérrez, acusado de querer vender el paro a la empresa, y no se han esforzado en evitar los ataques a los ciudadanos, a la propiedad pública y privada y a la prensa.De retorno a la retórica y práctica violenta, es preciso que se fortalezca el diálogo. Un elemento clave en este cometido es el debate del nuevo EIA de Tía María, para apreciar si resuelve las 136 observaciones realizadas por el estudio de UNOPS el 2011 y si este nuevo estudio implica nuevos cuestionamientos.Este contexto se abre paso trabajosamente y está sometido a tensión por la violencia y las decisiones debatibles. Por un lado, es correcta la decisión del gobierno de priorizar el diálogo con los alcaldes pero no se puede decir lo mismo de la decisión de embargar las cuentas de los alcaldes con los que se sentarán a la mesa de diálogo. En todo caso, bajo ninguna circunstancia deben desperdiciarse las señales apreciadas en las últimas horas.