Siempre se ha dicho que detrás de la posición de algunas organizaciones no gubernamentales (ONG) hay intereses políticos. El exministro de Energía y Minas Carlos Herrera Descalzi lo ha puntualizado con suma claridad. Dijo que estos organismos hacen proselitismo contra las mineras formales porque afectan el medio ambiente, y por otro lado se hacen de la vista gorda cuando se trata de la minería ilegal, que perjudica tierras y cultivos.En Pichanaki, Junín, las ONG estuvieron muy activas contra los trabajos de exploración de Pluspetrol y promovieron el rechazo a esta empresa con el fin de que no continúe con sus labores en el Lote 108. Pese a que no se extrajo ningún tipo de hidrocarburos, ni hubo derrames de combustible, representantes de un par de ONG y dirigentes sociales dijeron que con las exploraciones se dañarían los cultivos de cacao y café. La respuesta del Estado fue inexistente. No se informó ni comunicó sobre las actividades de la empresa de hidrocarburos y menos sobre las ventajas que podría generar un lote de gas para la zona y el país. Esto sucede también en el tema de Tía María en el valle de Tambo. Entre los agricultores solo ha calado hondo la versión de algunas ONG y políticos antimineros, que rechazan la minería legal por el daño que puede producir al agro, pero se callan en todos los idiomas sobre el perjuicio que genera la minería informal.El verdadero poder lo debería tener el Gobierno, pero el problema es que está cuestionado por su inacción antes y en pleno conflicto. Lo más preocupante es que cuando se exacerban las contradicciones y llegan los enfrentamientos, solo queda el tiempo de los lamentos y las lágrimas.