Es increíble que a estas alturas, pasados los episodios de Tambogrande, Santa Ana y Conga, el Estado peruano no haya podido elaborar una propuesta integral que permita el desarrollo de nuestra minería y, con ella, del país. Solo para ponerlo en contexto, una vez más: del portafolio minero 2011-2016, que traía inversiones por cerca de US$60,000 millones (25% de nuestro PBI), no se ha conseguido sacar adelante ni el 10%. Un desastre por donde se mire.Culpar a las empresas es, y ha sido, la salida fácil de tres gobiernos que no han sabido estar a la altura de las circunstancias. Inadmisible ineptitud en un país donde casi un cuarto de su población vive aún en la miseria. Y culpar a la veintena de antimineros es otra forma de patear la pelota: nuestras leyes e instituciones deberían servir para algo; que no sepan aplicarlas es otra cosa.Si un proyecto cumple con los requisitos formales, está en manos del Estado garantizar que se lleve a cabo. Para eso pagamos impuestos. Son dos campos sobre los que se tiene que trabajar; por un lado, respecto de las comunidades y sus preocupaciones; por el otro, frente a los violentistas y sus canales de financiamiento.En cuanto a lo primero, lo inmediato que se debe hacer es adelantar los beneficios que la región y las provincias recibirían por canon y regalías en forma de obras y servicios: colegios, postas médicas, agua y saneamiento, electricidad, carreteras de penetración. Si faltan recursos para cubrir la brecha, promuevan el uso de obras por impuestos, APP, o alguna otra manera. ¡Sean creativos! De nuevo, una vez cumplidos los requisitos, es el Estado el que tiene que hacer ese trabajo.Sobre los antimineros violentistas, la lógica es muy simple: no pueden paralizar un proyecto porque les plazca. El Perú no puede estar secuestrado por una banda con intereses políticos y sus ideologías retrógradas: persigan los canales de financiamiento y ejerzan el cumplimiento de la ley.Para el resto de peruanos, la tarea pasa por las urnas: castiguemos a esos oportunistas y saboteadores. Nada más democrático que hacerse sentir con los votos, señala Juan José Garrido, director del diario Peru21.