Si hay una lección a sacar de los conflictos en torno a la minería es que hay que evitar llegar al punto en que solo queden dos desenlaces: imposición o inviabilidad.Lo primero que ayudaría esdesechar esa visión maniquea y simplista que divide el mundo entre los antimineros y los partidarios del desarrollo. No solo aumenta la polarización sino que significa desconocer a priori que hay demandas justificadas, cuando son muchos los proyectos mineros que ocasionan graves daños ambientales y en la salud de la gente, desplazamientos, destrucción cultural, entre otros perjuicios. La negación de esta parte del problema provoca desconfianza.Un cambio así implica dejar de creer que tras todo conflicto hay dirigentes politizados, malas ONG, manipulación, intereses ilícitos y terrorismo. Todo esto ronda los conflictos, pero plantearlo como lo principal responde a una posición interesada o a desconocimiento. Es clave aprender a distinguir conflictos.Como también hay que diferenciar en ellos quién es quién. Un dirigente preparado y que da la pelea no es sinónimo de antisistema. Es que hay resistencias a aceptar que hoy la población tiene una mayor conciencia de derechos, que impide que reine la arbitrariedad. Ojo, la satanización de los principales dirigentes termina favoreciendo a los ultras.La contrapartida debe ser un cambio de perspectiva de los que protestan. Plantear siempre minería o agua es igual de maniqueo y simplista. A través de un ordenamiento territorial hay que determinar dónde conviene la minería, dónde solo agricultura y en qué zonas pueden coexistir ambas actividades. Hay que asumir, además, que las actividades extractivas son fuente de un crecimiento económico que, pese a sus limitaciones, ha reducido la pobreza y significado recursos para las regiones. También hay que reconocer que hay empresas y empresas, que las nuevas tecnologías permiten disminuir los daños y que caben distintas posiciones aún entre los afectados. Resumiendo: ni muerte a la minería, ni minería o muerte.Cumplir la ley es hacer que se respeten las concesiones, pero también existen otros derechos. Para comenzar son varios los derechos de propiedad involucrados: del Estado, de las empresas, de las personas y el de las comunidades indígenas con una protección especial. Hay que respetar las inversiones, pero sin desconocer la consulta, las obligaciones ambientales, la rica diversidad cultural y el derecho al beneficio de la población. La seguridad merece protección, pero tanto como el derecho a la protesta. Hay que sancionar la violencia, pero la de todos y siempre respetando el debido proceso. Estamos así ante algo complejo, por lo que es absurdo haber decidido apurar los procesos y debilitar los mecanismos de fiscalización, justo, además, cuando peligran importantes proyectos mineros.Otros puntos estratégicos: ¿qué tan altos o bajos son nuestros estándares ambientales? ¿Cómo hacer para que los estudios de impacto ambiental sean confiables? ¿Cómo evitar la corrupción de funcionarios, empresarios, dirigentes, magistrados y periodistas-analistas?Esto es lo moderno: cumplir con la obligación jurídica de armonizar diversos aspectos. Lanzarse a un proyecto de millones de dólares a ver si sale y continuar con una lógica de guerra, con vencedores y vencidos, es falta de lucidez. Y cuidado que también avanza el escepticismo frente al diálogo, debido a que más sirve para la foto que para acuerdos. Lo que pasa es que debería plantearse antes de dar el primer paso y todos acudir a él con una nueva mentalidad, señala Ernesto de la Jara Basombrío, Director Fundadordel IDL
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