La participación de los ciudadanos y las ciudadanas en el debate público es uno de los componentes centrales de la democracia. Los pueblos indígenas, debido al carácter constitucional del Convenio 169 de la OIT, cuentan además con el derecho colectivo de la consulta previa.Hace poco hemos superado nuestra marca histórica de años en democracia: tres gobiernos consecutivos sin interrupciones autoritarias. Sin embargo, nuestra democracia no estará consolidada hasta asegurar la participación equitativa de todos y todas, independientes del origen, género o cultura. Por ello, hay que dar cuenta de los avances realizados por el actual gobierno en garantizar la participación de los pueblos indígenas desde el ámbito electoral, el diálogo permanente con sus organizaciones representativas y la implementación de los primeros procesos de consulta previa. Los ciudadanos indígenas han participado en la vida política desde 1980, cuando la Constitución de 1979 otorgó el voto universal. Es cierto que a la fecha contamos con indígenas elegidos como alcaldes y congresistas, pero este sector aún se encuentra subrepresentado. Es por ello que la Constitución establece una cuota para candidatos indígenas en los gobiernos regionales y provinciales, la cual se aplica desde el año 2006.Durante las elecciones de 2006 y 2010, las regiones y provincias con acceso a este mecanismo se circunscribieron a la Amazonía. Sin embargo, para las elecciones del año 2014, como resultado del trabajo coordinado entre el Jurado Nacional de Elecciones y el Ministerio de Cultura, y con la información de la Base de Datos de Pueblos Indígenas y Originarios, fue extendida a 18 regiones y 93 provincias, la mayoría andinas.Por otra parte, el Ministerio de Cultura ha apostado por institucionalizar un espacio de diálogo con las organizaciones indígenas. En octubre de 2014 se creó un grupo de trabajo permanente encargado de coordinar, proponer y dar seguimiento a las políticas públicas que involucren a los pueblos indígenas o requieran de un enfoque de interculturalidad. El grupo concentra la agenda desarrollada a lo largo de varios años de trabajo y una suma de propuestas de las organizaciones indígenas. En cumplimiento de uno de los mandatos del Convenio 169, funcionarios de diversas entidades del Poder Ejecutivo han iniciado el diálogo con los representantes indígenas bajo el paraguas del grupo y el apoyo del PNUD.Finalmente, es importante tener en cuenta que la consulta previa -lejos del modelo de referendo o plebiscito- son espacios ordenados de diálogo intercultural entre las entidades públicas y los representantes indígenas con el objetivo de llegar a acuerdos que recojan propuestas e intereses de sus comunidades en relación a las afectaciones de sus derechos colectivos.A la fecha, hemos arribado a acuerdos de mutuo beneficio en nueve procesos de consulta, cumpliéndose las etapas estipuladas por la ley y su reglamento. El Viceministerio de Interculturalidad es el facilitador del diálogo y el logro de acuerdos en estos. Hemos cumplido esa tarea sin los conflictos que algunos imaginaban, en los plazos establecidos y sin parar ninguna inversión. Este nuevo mecanismo se abre paso, hay que aprender y mejorar, pero con el camino ya desbrozado, señala Patricia Balbuena, Viceministra de Interculturalidad-Ministerio de Cultura.