En los años cruciales de la ofensiva anti-minera contra el proyecto aurífero Conga, en Cajamarca, la ONG antiminera Grufides recibió un millón 500 mil euros (1’620,750 dólares) de la cooperación europea, cuyo destino no logró aclarar su principal directivo, el exsacerdote Marco Arana, tema que este viernes ha sido materia de preocupación en medios empresaria les de la capital y en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).El tema ha vuelto a cobrar actualidad por la huelga de cuatro semanas en el valle de Tambo, Islay, Arequipa, hasta donde han llegado Marco Arana, líder del partido político Tierra y Dignidad, y su entorno, a dar un apoyo militante a las movilizaciones de los activistas antimineros para que la empresa Southern Perú, de capitales mexicanos, abandone el país y obviamente el proyecto cuprífero Tía María, ubicado en esa zona del sur del país.La sospecha es que parte de esos recursos de las ONG extranjeras podrían estar siendo usados en la logística y pagos a dirigentes, porque no es normal que haya pasado cerca de un mes y los huelguistas no parezcan tener ningún tipo de problemas ni en su economía, logística, apoyo legal y espaldarazos de movimientos similares del Perú y el extranjero.