El clan de los Sánchez Paredes, involucrado en delitos de narcotráfico y lavado de activos, que hizo aportes económicos en la campaña presidencial de Alan García en 2006 e incluso le compró una camioneta a este en 2003, pretende convencer de que ahora no está ligado al expresidente, al asegurar que incluso promovió una investigación fiscal en su contra. El Ministerio Público, dicho sea de paso, aún no concluye sus pesquisas que ya llevan ocho años sobre ese caso.La razón de "la persecución" del gobierno de García, de acuerdo a Alfredo Sánchez Miranda, hijo de Orlando Sánchez Paredes, sindicado como cabecilla de una red de narcotráfico, fue la disputa, ocurrida en 2003, por una mina -que fue vendida hace tres meses por mil millones de dólares- entre su familia y la empresa canadiense Sulliden, la que fue patrocinada legalmente por el entorno de García Pérez. En este "gran conflicto de intereses", García, desde su posición como presidente de la República -asegura Sánchez Miranda-, presionó directamente a un presidente de la Corte de Lima para favorecer a Sulliden. Por tal razón, informó que su familia denunció a García en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por haber presionado a las autoridades jurisdiccionales en ese proceso.