El ministro de Transportes ha manifestado que el país no está en condiciones de dar el visto bueno a la construcción del proyecto del Tren de la Costa por la magnitud de la inversión, pero sí prioriza la Línea 2 del Metro y la concesión de toda la Panamericana.¿Con qué criterios se priorizó la modernización de la refinería de Talara sobre una infinidad de demandas sociales?El ministro Alonso Segura denuncia que durante el segundo Gobierno aprista se exoneró del SNIP (Sistema Nacional de Inversión Pública) a 1,300 proyectos de inversión, por lo "que no tenemos idea de si tenían rentabilidad social y si eran buenos para todos los peruanos". En contraste, manifestó que en el actual Gobierno "se han exonerado cero proyectos de ser evaluados porque las cosas que se hacen ahora, se hacen bien" (Gestión 14.01.2015). Al margen del nivel de veracidad de la anterior afirmación, resulta evidente que aun cuando un proyecto haya pasado por el SNIP, no puede garantizar que sea "bueno para todos los peruanos". Por ejemplo, ¿el MEF puede garantizar que la modernización de la Refinería de Talara cumplió con dicho requisito? ¿Con qué criterios se efectúa realmente la priorización de los proyectos intrasectoriales, intersectoriales y se seleccionan los cientos de iniciativas privadas presentadas al Gobierno? ¿Actualmente hay alguna entidad encargada de estas delicadas tareas? ¿Existe una metodología común a nivel del sector público? De lo que se trata no solo es de acelerar las inversiones, sino también de que la asignación de recursos sea eficiente.Si bien pueden existir algunos meritorios esfuerzos aislados en algunos sectores, no existe un plan a nivel nacional al respecto. Y ya se sabe que cuando no existen reglas claras impera la discrecionalidad y se corre el peligro de que se impongan los que tienen mayor capacidad de presión o mejores contactos.Obviamente que nadie pretende que se retorne a la época en que el Instituto Nacional de Planificación establecía las prioridades a nivel nacional; pero tampoco podemos continuar con la situación actual con la excusa de que los planes del Estado generalmente no coinciden con las necesidades del sector privado u otra por el estilo. Lo que sucede es que hemos tenido una falta de planeamiento durante un periodo muy prolongado y fuertes presiones para mantener el statu quo.De otro lado, Ceplan estaría en las etapas finales de la elaboración de un Plan Nacional, el que todavía tendría que ser aprobado en las instancias correspondientes. El que no sería impositivo sino persuasivo, e incluiría una metodología que permitiría una interacción con el sector privado. En todo caso, habrá que ver en qué consiste realmente dicho plan. Es que en nuestro país existe una muy antigua tendencia de priorizar lo urgente antes que lo importante (la quincena antes que la historia), lo que, por ejemplo, se aprecia claramente en el pobre avance en materia de reformas estructurales. Lo que sucede es que el Gobierno, por dedicarse a hacer lo que no le corresponde, descuida lo que sí le corresponde. Y es que a pesar de que ya está por concluir su periodo, aún no tiene idea de cuál debe de ser el rol que le corresponde. Ejemplos sobran, pero tomemos uno emblemático: Petroperú (PP). A inicios de febrero se anunció que su directorio aceptó ejercer su derecho de adquirir el 25% de los contratos de los lotes III y IV (Gestión 03.02.2015); luego el entonces ministro Mayorga anunció la posibilidad de que PP asuma la operación del lote 192 (el mayor productor, 20%, de crudo del país) y que presentará un proyecto de ley para acelerar los plazos a fin de que PP opere más lotes. El día anterior, el presidente había anunciado algo similar. Luego se produjo el obligado reajuste ministerial y, de pronto, Humala Tasso giró nuevamente y anunció que PP no explotará el lote 192 y, posteriormente, se anunció que tampoco tomaría el 25% de los lotes III y IV. ¿Es que así se puede recuperar la confianza empresarial?, señala el economista Manuel Romero Caro.