La condición de fuerza mayor en que se encuentran 28 contratos de exploración y explotación petrolera en el país, paralizados por la demora en aprobación de permisos ambientales y por conflictos sociales, va a ser muy difícil que se pueda levantar en lo que queda de este Gobierno. Así lo reconocieron fuentes del Ejecutivo, quienes advirtieron que, a los 12 meses de declarada una situación de fuerza mayor, las empresas que tienen esos contratos, pueden decidir devolver al Estado los lotes dados en concesión, aunque indican que hay operaciones que están paralizadas desde hace más de 2,000 días. A enero último, había 15 contratos con obligaciones de inversión suspendidas vinculadas a la aprobación de instrumentos ambientales, o porque no podían realizar actividades previas que se requieren para elaborar los instrumentos ambientales, entre ellos los estudios de impacto ambiental, o porque estaban en ese proceso. Otros ocho contratos estaban en esa condición por problemas sociales. El exministro de Energía y Minas, Carlos Herrera, advirtió que la situación antes descrita, más la continuidad en la caída del precio del petróleo (por debajo de US$50 el barril), hacen que hoy el Perú no sea viable para inversión en hidrocarburos.Esto, anotó, se debe a que los retrasos en la entrada en operación, y los conflictos sociales, se traducen en mayores costos de operación, que de US$ 30 por barril, puede pasar a US$ 40.
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