Para hoy se esperaba el fallo de Indecopi sobre la acción que interpuso minera Corona en contra del Aporte por Regulación (ApR) que debería pagar al Organismo de Evaluación y Fiscaliación Ambiental (OEFA). Sin embargo el informe oral se postergó para el 20 de abril.En medio de esta espera, las discrepancias por este aporte que permite financiar el presupuesto del OEFA (unos S/. 130 millones para este año), llegaron a un punto tal que mientras el mismo ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, defendió la legalidad del cobro, los empresarios lo rechazan tajantemente. La historia de este lío comenzó cuando 32 empresas mineras solicitaron una acción de amparo para dejar de pagar dicha contribución, mientras la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) también presentó una acción popular buscando la ilegalidad del APR, pero fue declarada infundada.La cosa no quedó allí, ya que cuatro mineras demandaron al OEFA ante el Indecopi para que el aporte se declare como "barrera burocrática". Estas compañías son Vichaycocha (subsidiaria de Volcan), Pampa de Cobre, Sociedad Minera Corona y Compañía Minera Caudalosa. A diferencia del Poder Judicial que falló a favor del aporte por regulación, que es el 0.15% de las ventas totales de las mineras, Indecopi sí favoreció a las cuatro empresa en primera instancia, por lo cual el OEFA apeló esta decisión.¿El fisco debe dar recursos? Para el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, la situación está clara, pues afirma que hay cuatro normas que avalan el aporte que debe recibir el OEFA por parte de las mineras para la fiscalización ambiental y defendió que esta es la manera correcta de tener recursos para esta actividad. "Sería perverso que nosotros estemos financiando con los impuestos de los peruanos una función de supervisión frente a una actividad que sabemos que debe tener ciertos requisitos, de los cuales la supervisión es uno de ellos", dijo.Sin embargo esta idea no es compartida por el presidente de la empresa minera Buenaventura, Roque Benavides, quien considera que al ser el OEFA una entidad estatal debe ser financiado por recursos públicos y no generar impuestos dirigidos. "Es perverso que el fiscalizador reciba sus recursos del fiscalizado. Como que me suena poco independiente, como que me suena a conflicto de intereses", dijo a Gestion.pe. ¿Arancel o ApR? El presidente de la SNMPE, Carlos Galvez, afirma que lo que buscan las empresas mineras no es evitar el pago por fiscalización, sino que se cambie el esquema. Según Galvez, el aporte de 0.15% de las ventas de las empresas mineras no garantiza una fiscalización ambiental efectiva y sugirió que el esquema sea en base a la cantidad de visitas que el OEFA realice durante el año. Este esquema es similar al arancel que venían pagando a Osinergmin.
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